¿Por qué votar por el NO en esta consulta de revocatoria en Lima? Nueve razones.

Por Omar Cavero y Micaela Guillén

Para comenzar, es necesario hacer una distinción aparentemente trivial pero de importantes consecuencias. Votar por el NO, si bien expresará el deseo de que la alcaldesa Susana Villarán no sea revocada, no significa que ese voto refleje necesariamente una aprobación a la gestión municipal en todos sus aspectos. Dicho en otras palabras, eso es así pues no aprobar una gestión no significa inmediatamente estar a favor de una revocatoria.

En consecuencia, trazar la línea divisoria entre quienes aprueban la gestión y quienes no, sin considerar los sectores críticos que pueden –aún siendo críticos- estar en contra de la revocatoria, puede resultar poco eficiente e incluso contraproducente, habida cuenta de que la aprobación de la alcaldesa sólo poco más del tercio de los limeños.

Por otro lado, tampoco es correcto bombardear la revocatoria en sí. Atacar el derecho de revocatoria es atacar un derecho ciudadano fundamental en una democracia: que el pueblo saque de su cargo a alguna autoridad que haya traicionado el encargo que le dio el poder que ostenta. Por eso, el problema en esta ocasión no es la revocatoria, sino esta revocatoria, sobre todo por quiénes son los impulsores de la misma, entre otras razones.

En efecto, la pregunta debe ser: ¿por qué votar por el NO en esta consulta de revocatoria en Lima? Veamos qué argumentos tenemos:

1.    No es una expresión espontanea del rechazo popular. Para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apruebe un proceso de revocatoria en Lima se requiere un mínimo de 400 000 firmas. Lograr aquella cantidad de firmas implica desplegar una gran campaña: organizada, con gente, que cuesta dinero. No es, pues, producto espontáneo de la desaprobación ciudadana a la gestión de Villarán. Por eso cabe preguntarse quiénes son los impulsores y cómo, desde el inicio, hasta ahora, han llevado adelante esta campaña. No olvidemos que se intercambiaron regalos por firmas, que se desplegó por toda la ciudad gente que recibió un sueldo por recolectar esas firmas y que, como recientemente se ha denunciado, todo apunta a que se montó también una fábrica de firmas falsas. Eso no es clamor popular: eso es interés premeditado, financiado y organizado.

2.    Esta revocatoria la impulsan los partidos y los personajes más corruptos de la política nacional. Sin duda el principal interesado en la revocatoria es Luis Castañeda Lossio. Los vínculos entre Marco Tulio Gutiérrez, el impulsor formal del proceso, y el ex alcalde de Lima son más que evidentes. Aparte de audios y declaraciones, fue asesor legal y consultor del ex alcalde en su segundo periodo hasta en siete oportunidades recibiendo como pago montos que fueron ascendiendo de S/. 3,600 en el 2008 a S/. 40,000 en el 2010 según la OSCE.

Y el problema no está en que sea Castañeda quien lo impulsa en la sombra, sino en que en todo el proceso ha quedado demostrado que la guerra contra la alcaldesa fue declarada en el momento en que ésta investigó el escándalo de Comunicore, los presupuestos inflados del Metropolitano y las cuentas de la gestión anterior en general. ¿Por qué Castañeda no espera a que acabe el periodo y postula?, ¿por qué frustrar la gestión actual con una revocatoria? Hay poco de sola crítica y clamor popular.

Hasta acá ellos dos. Pero son más, la red es más grande. Pensemos en Hugo Sivina, presidente del JNE, vinculado a Vladimiro Montesinos y responsable de la aprobación irregular de las firmas presentadas. No olvidemos a José Luna Gálvez, congresista de Solidaridad Nacional (SN), a cargo del dinero de la campaña y vinculado a Boris Alegría, miembro del mismo partido, encargado de la revisión de las firmas en el JNE y además vinculado directamente con Marco Tulio Gutiérrez.

Además, hoy el apoyo del Fujimorismo y el APRA es público. Sabíamos que en las elecciones presidenciales la apuesta de Alan García fue Castañeda y hoy los intereses vuelven a confluir. Así, los partidos con más graves denuncias y hechos de corrupción en la política nacional se juntan. Trabajan juntos, hermanados.

Pensemos sólo en casos emblemáticos. SN: Comunicore, Metropolitano, Línea Amarilla. APRA: los Petroaudios, Cofopri, Decretos de urgencia. Fujimorismo: Vladivideos, compra de medios y de congresistas y alianzas con el narcotráfico. Los casos pueden contarse por decenas. ¿Qué ganan con la revocatoria? Están lejos de ser los justicieros de Lima guiados por el simple interés de sacar a una alcaldesa ineficiente, ¿verdad?

3.    El origen turbio del dinero usado. Turbio quiere decir que no es transparente, que no es claro. ¿Por qué no pueden declarar de dónde viene el dinero de la campaña sin recurrir a la mentira? Se estima que sólo la recolección de firmas puede haber costado más de S/. 121 000; y la entrega de regalos, el pago de gente y la compra de publicidad durante estos días de campaña también tiene un alto costo, probablemente mayor, cercano a los S/. 150 000. Ante la insistencia de que declaren los financistas de esos cerca de S/. 300 000 los revocadores han recurrido a la técnica Comunicore: descentralizar nombres y mentir sobre sus aportes, poner como carne de cañón a gente humilde para ocultar cobardemente a los grandes.

Tenemos, entonces, familias pobres supuestamente aportando miles de soles, algunos de ellos ni enterados y personajes vinculados al SIN (dirigido por Montesinos durante el gobierno de Fujimori) apareciendo como operadores y también como aportantes. ¿No será que el dinero viene del millonario fraude de Comunicore y la bolsa ha terminado de llenarse con el apoyo de conocidos “faenones” apristas y el probado saqueo fujimorista del Estado?

4.    Hay intereses turbios más allá de las caras políticas de la revocatoria. Esta alianza política entre fujimoristas, apristas y castañedistas está vinculada a redes de intereses más grandes. De lo conocido, en el lado menos público de esta red hay grandes grupos de poder de mayoristas y de transportistas que se oponen a las medidas que recortan su fuerza. No se trata, en ese caso, de pequeños empresarios informales, sino de grandes capitales que al crecer en la informalidad toman la forma de mafias y su poder de mercado se combina con un poder de coacción de facto que los vincula con bandas delincuenciales. Las historias de pago de cupos, de amenazas, de contratación de matones, etc., que están detrás de los sucesos de la Parada parecen confirmar el carácter mafioso de algunos capitales.

Hay pues, grandes clientelas vinculadas a estas fuerzas políticas. Todos ellos se agrupan ahora. Sin esta resistencia podría ordenarse el transporte –principal razón de la congestión vehicular- y con ello disminuirse el tiempo perdido en él, y también la distribución de alimentos, que significaría alimentos más baratos para las familias limeñas.

5.    Los revocadores ganan con la pobreza, la utilizan. Las duras condiciones en las que viven miles de familias en nuestra capital son utilizadas políticamente por quienes impulsan la revocatoria. ¿Qué otra cosa, si no esa, es intercambiar firmas por regalos, apoyo a sus portátiles por dinero o comida, promesas de obras o más regalos por garantizar presencia de vecinos en las concentraciones? Con la careta de ser representantes de los sectores populares no hacen otra cosa que aprovecharse de la pobreza, buscan hacer a los sectores más vulnerables dependientes de ellos, sin voz, sin autonomía, sin derechos. Estas prácticas las desarrolló muy bien el fujimorismo y Castañeda fue un aprendiz eficaz. Debemos pelear por derechos, por una vida digna para todos y no permitir que algunos políticos parasitarios vivan de la pobreza, condenándonos a ser dependientes de ellos y de sus negociados oscuros.

6.    Si el reclamo es por eficiencia, la revocatoria no es la solución. Eficiencia es solucionar lo mejor y más rápido posible los problemas. Es válido que muchos consideren que Villarán sea ineficiente en muchos aspectos pues las expectativas sobre una gestión son diversas y la cantidad de problemas que enfrenta Lima es abrumadora. Desde luego, están trabajando duro, faltan aún dos años, pero los resultados no son todavía imponentes, trascendentales, como para eliminar por completo el argumento de la eficiencia.

Mas no nos confundamos: revocarla no hará que la Municipalidad de Lima sea más eficiente, sino que se detenga casi por completo. Si el reclamo es por eficiencia puede recurrirse, si se quiere, a la fiscalización ciudadana o la protesta, pero frente a aquel problema tiene poco sentido una revocatoria. Si en caso se tratara de una gestión que haya traicionado a su discurso de campaña, sería diferente y sí cabría revocarla, pero no es el caso.

7.    Si el reclamo es por “pituca”, la revocatoria tampoco tiene sentido. Susana Villarán puede estar alejada del mundo popular y de sus intereses, admitamos incluso que tenga un origen de clase alta y que su partido antes que popular sea más bien elitista; sin embargo: ¿revocarla hará entrar a la alcaldía una gestión popular, que defienda los intereses de las familias más pobres, de los pequeños empresarios, de los migrantes y de los trabajadores?

La cuestión es clara: la revocatoria tiene intereses precisos y éstos son los de la alianza SN-APRA-Fujimorismo. Preguntémonos ahora: ¿ellos representan los intereses populares? ¿Los representa SN que cree que por las buenas obras debe sacarse siempre una tajada y que los derechos valen menos que la simpatía por su partido y el llenado de sus arcas? ¿Los representa acaso el APRA que no escatimó durante su gobierno en ser el aliado más fiel de los grandes empresarios, seguir con la reducción de los derechos laborales y perseguir y disparar a todo aquel que proteste contra sus políticas? ¿Es vocero de esos intereses el fujimorismo, que para atraer a inversionistas acabó con los derechos más importantes que hacían que las familias peruanas sean tratadas más como gente y menos como meros bienes de cambio, a la venta para la empresa y los clubes políticos?

8.    Villarán ha enfrentado temas cruciales y ha asumido responsabilidades. ¿Qué alcaldes han asumido en serio dos temas medulares como son el ordenamiento del transporte público y de la distribución de alimentos en Lima? En el análisis costo/beneficio de la política oportunista no tiene sentido enfrentarse a grandes problemas cuyas soluciones no serán apreciadas al corto plazo y pueden acarrear fuertes enemigos políticos. Aún manteniendo las críticas que pueda haber contra Villarán, no puede negarse que ella sí está enfrentando esos grandes problemas. Y además ella es uno de los más extraños casos dentro de nuestra política: asume públicamente la responsabilidad de sus errores. Tuvo la valentía de hacerlo en el desalojo del mercado de La Parada y, con seguridad, otras autoridades hubieran optado por la típica mudez que hasta les ha acarreado adjetivos. ¿Cuáles prácticas y cuáles políticas castigamos y cuáles premiamos con una revocatoria?

9.    Revocarla no es votar por la alternativa que quisiéramos. Revocar a la alcaldesa es simplemente sacarla del cargo y –como se ha visto- favorecer a quienes lucran con el desorden, la corrupción y la pobreza. Que esto quede claro: revocarla no es poner en su lugar a quien quisiéramos. Diferenciemos la crítica válida a una gestión, de una revocatoria que no acabará con el motivo de nuestras críticas.

En síntesis, esta revocatoria representa que gane la política de la que siempre nos lamentamos, esa en la que priman la corrupción, el oportunismo, la mentira, el interés personal. Esta mala política y sus principales personajes nos han acostumbrado a creer que es “normal”, que “así es”, que las autoridades roben, que transen con delincuentes, que no nos reconozcan derechos sino favores. Paradójicamente, impulsando una consulta popular nos quieren demostrar que esta ciudad no nos pertenece.

Pero podemos identificarlos y rechazarlos. No seamos acríticos frente a la gestión actual, pero no nos dejemos engañar por intereses mafiosos que se disfrazan de voceros del pueblo. En la consulta de revocatoria marquemos: NO; y que signifique decirles NO a los corruptos de siempre y comenzar así a liberar a Lima de quienes la creen su propiedad y su negocio.

Lima, enero 2013.